El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, resaltó hoy que el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prórroga extraordinaria de ENCE para permanecer en la ría de Pontevedra le da la razón al Gobierno gallego en sus argumentos en contra de la modificación del Reglamento general de costas aprobado el pasado verano, ya que descarta sin lugar a dudas que se pueda negar el derecho a prórroga a las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo terrestre (DPMT) antes de 1988. “La sentencia avala la posición de la Xunta sobre las prórrogas de las concesiones en dominio público”, indicó.
El Tribunal Supremo sienta doctrina al decretar sin lugar a dudas que la decisión de prolongar la concesión a la pastera 60 años más es absolutamente legal, desmontando de este modo la modificación del Reglamento general de costas
Esta es la principal conclusión del informe que presentó hoy la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda ante el Consello para analizar cómo afecta este fallo judicial al recurso interpuesto por la Xunta en octubre contra la referida modificación.
En este sentido, Rueda recordó que el Estado aprobó en agosto de 2022 un real decreto por lo que se introdujeron cambios sustanciales que afectan tanto a las concesiones de viviendas particulares como a las empresas localizadas en dominio público marítimo-terrestre (DPMT) con concesiones anteriores a la Ley de costas de 1988. En concreto, “rebaja la duración de las nuevas concesiones de 75 a 30 años y también reduce a 30 años las prórrogas extraordinarias, negando de este modo en la práctica este derecho a los titulares de títulos otorgados con anterioridad al año 1988”, señaló.
Teniendo en cuenta la trascendencia de estas modificaciones y que, además, se hicieron sin reformar ni derogar la Ley de costas de 2013, aún vigente, la Xunta decidió recurrir ante el Supremo la reforma del reglamento general de costas al entender que carecía totalmente de base y fundamento legal. De hecho, el recurso autonómico fue admitido a trámite por el Tribunal y el pasado enero el Gobierno gallego formalizó la demanda.
El presidente calificó de muy “restrictiva” la última modificación de la normativa de costas del Gobierno central y recordó que “introduce mucha inseguridad jurídica” en instalaciones que llevan mucho tiempo “generando riqueza en nuestro litoral” y cumpliendo “con las normativas medioambientales”. En esta línea, señaló que el fallo del Supremo demuestra la tesis que siempre defendió la Xunta de que “la preservación del litoral y mantener actividades claves para la economía gallega es posible”.
El fallo judicial sobre ENCE sienta doctrina y avala los argumentos que defendió siempre Galicia respeto de las prórrogas ya que decreta, sin lugar a dudas, que la decisión en este caso concreto es absolutamente legal.
De este modo, se desmonta la reforma del reglamento general de costas aprobada por el Gobierno central el año pasado y pone en evidencia que su intención es, una vez más, la de dejar totalmente libre el litoral, sin modificar la ley sectorial en vigor ni tener en cuenta las diferentes actividades económicas que se desarrollan en la costa o las viviendas y el resto de construcciones preexistentes.
De hecho, en Galicia y según las estimaciones realizadas por la Xunta, existen alrededor de 4.000 edificaciones de todo tipo y condición, tanto públicas cómo privadas, afectadas por el dominio público marítimo-terrestre.
ESTRATEGIA PARA DEJAR LA COSTA LIBRE
La última reforma del reglamento general de costas obedece a un plan preconcebido desde 2018 por el Estado para imponer una interpretación cada vez más restrictiva de la normativa de costas y propiciar la eliminación progresiva de toda actividad humana y económica del dominio público marítimo-terrestre.
En este sentido, hace falta recordar los cambios introducidos en la duración de las concesiones en el litoral a través de la Ley de cambio climático, aprobada en 2021 y que limita estos títulos a un máximo de 75 años contados desde la data inicial de concesión, o la decisión de la Abogacía del Estado en 2019 de allanarse en los procedimientos judiciales contra la prórroga extraordinaria de ENCE, a pesar de que esta había sido concedida conforme al marco normativo vigente, tal y como acaba de ratificar el Tribunal Supremo.
Asegura que avala la tesis defendida siempre por el Gobierno gallego de que “es posible” el equibrio entre la preservación del medio ambiente y mantener actividades “claves” para la economía gallega
Asimismo, el pasado mes de junio el Ministerio sometió a información pública el llamado Plan de la costa libre, un documento estratégico que aspira a liberar el DPMT a través de la retirada paulatina y controlada de la presencia humana en la costa hasta el año 2045.
Todas estas medidas impulsadas por el Gobierno central afectan especialmente a Galicia, una comunidad con 2.500 km de costa y donde más de la mitad de la población vive en el litoral. Por eso, la Xunta lleva tiempo insistiendo ante el Estado en que es fundamental y urgente que Galicia pueda ejercer las competencias plenas sobre la gestión del DPMT, completando así las transferencias iniciadas en 1985, hace casi 40 años, por la vía de un Real Decreto y sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía.
De hecho, con el fin de buscar el autogobierno pleno sobre la costa y asumiendo el papel de gestión que le corresponde, el Gobierno gallego está tramitando la Ley de ordenación del litoral de Galicia, que ya superó el trámite de audiencia y de información pública. Así, en estos momentos se trabaja con el fin de elevarla al Consello da Xunta en primavera para su aprobación como proyecto legislativo y posterior remisión al Parlamento.
