Estamos a mitad de marzo y el Gobierno de España ha decidido no presentar los presupuestos para este año y ponerse a preparar los de 2025. El motivo es verlo como una meta irrealizable al no poder contar con el apoyo de los partidos catalanes, por las de desorbitadas exigencias que impondrían en plena campaña electoral para obtener el favor de sus votos, indispensables para su aprobación. Lo que hasta hace pocos días nadie ponía en duda, que el Gobierno conseguiría aprobar sus presupuestos, con la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, ha saltado por los aires, y se pone un serio impedimento a la normalización de una legislatura siempre al borde de ruptura. Este hecho debería haber causado cierta alarma social, y en muchos países, por ejemplo, Portugal, obligaría a una disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero nada de esto sucede en España. La Bolsa ha reaccionado con una ligera subida. La noticia ha quedado relegada a la letra pequeña en los periódicos. Y pocos son los comentaristas que la mencionan. Los grandes titulares siguen fieles a otros temas que marcan la atención de los ciudadanos, como la ley de amnistía, las posibles corruptelas por las compras de mascarillas hace 4 años o la inspección fiscal al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Temas ellos de diferente calado, pero alejados de la gobernanza del día a día del país.
Se podría decir que el contenido de los Presupuestos Generales del Estado interesa a pocos. A unos, quizá, porque su objetivo principal está en permanecer en La Moncloa, a otros, porque serían los presupuestos de Sánchez, que le darían aire para seguir en dicho Palacete. Los más afectados serían los partidos pequeños que apostaron por Sánchez a cambio de partidas puntuales de gasto, que lo ven en franco peligro de incumplimiento a falta de los presupuestos. Y aquí apunta una de las grandes fallas de la vida política nacional, de estar enzarzada unas veces en lo anecdótico o marginal, y otras se queda en las grandes ideas, de hacer una España o una Cataluña grande. Mientras, la convivencia se polariza y enerva hasta lo inverosímil, el diálogo social se desvanece, las mejoras de las instituciones se postergan, el país se degrada y su economía se desinfla y se distancia de sus socios europeos.
Pedro Sánchez fue investido Presidente el 16/11/2023, con tiempo suficiente para presentar unos presupuestos antes de fin de año, pero no lo hizo, no porque no los tuviera preparados, sino porque tenía que conseguir el voto de los partidos independentistas y el favor con mercadeo, de sus pequeños aliados. Sobre todo, debía resolver la tramitación de la ley de amnistía. Su mala suerte resultó una vez superado ese escollo, que se rompiera el acuerdo que mantenía ERC en la Generalitat de Cataluña y se convocaran elecciones en mayo.
¿Qué perdemos con la no aprobación de unos nuevos presupuestos de 2024 y tener que continuar con los del 2023? Aunque estamos ya bien entrados en el 2024, su aprobación hubiera consentido ajustar los gastos e ingresos a las nuevas circunstancias, entre otras ajustarlos al aumento del IPC, de tal modo que el borrador preparado preveía un mayor gasto de 16.000 millones de euros, para hacer frente al aumento de las nóminas, de las pensiones, de los intereses de la deuda, de las nuevas inversiones en infraestructuras, en digitalización, en I + D, en defensa, para ir ajustándose a las indicaciones de la OTAN, en modernización de los servicios, por ejemplo, en la administración de la Justicia o una mayor financiación a las universidades, y en dar satisfacción a los compromisos adquiridos, como sería las rebajas en los peajes de las autopistas.
El Gobierno está limitado en el gasto total de 173.065 millones de euros, con la posibilidad de cambiar la asignación de unas partidas a otras, a lo que se sumará lo que pueda recibir de los fondos europeos. Contando, además, con la obligación de ajustar el déficit presupuestario sobre el PIB, del 3,9% actual, al 3% en 2024, para seguir contando con la protección del Banco Central Europeo, que le garantiza la financiación de la nueva deuda pública dentro de unas condiciones sostenibles. Está por ver qué gastos públicos priorizará, porque muchos temen que los ajustes en los recortes las sufran aquellas partidas que tengan menor coste político, en concreto, las inversiones en la mejora de todo nuestro tejido productivo. No es para alegrarse la falta de aprobación de los presupuestos generales, aunque sean los presupuestos de Sánchez, porque a la larga va en perjuicio de todos.
José Luis Ipiña
Santiago de Compostela
Economista