El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello aprobó hoy "el calendario y pasos a seguir" para el desarrollo de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. El objetivo es impulsar de inmediato la aplicación práctica y efectiva de esta normativa una vez que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló por unanimidad su validez y contenido en una sentencia aprobada el pasado 23 de abril. "Llevamos meses parados de forma injusta y ahora vamos a poner en marcha lo necesario para que Galicia gestione su litoral", indicó.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, recordó que esta ley fue aprobada en julio de 2023 por el Parlamento gallego sin ningún voto en contra. "Fuimos la primera comunidad autónoma en regular por ley todo su litoral", incidió. Sin embargo, el Ejecutivo central decidió recurrir la norma gallega apenas tres meses después, renunciando a abrir cualquier vía de diálogo con la Xunta.
Tras el fallo del Constitucional, el Ejecutivo autonómico va a trabajar con "agilidad"para aplicar lo antes posible la ley del litoral gallega y acabar con la inseguridad jurídica generada por su paralización durante los últimos meses. En esa línea, diseñó una estrategia con el calendario de actuaciones que hace falta seguir para lograr el pleno desarrollo de la norma y que incluye, concretamente, la creación de órganos específicos ya previstos en el propio texto, como la Comisión interdepartamental de coordinación de ordenación del litoral o el Foro del litoral.
En el primer caso, hace falta recordar que esta comisión será la encargada de supervisar la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los instrumentos de ordenación en los que se apoya la ley para garantizar el cumplimiento de su principal objetivo: gestionar de forma integral y en clave gallega las actividades humanas en el litoral para garantizar el aprovechamiento sostenible de sus recursos y la conservación de los ecosistemas costeros.
En este sentido, la Comisión -cuyo decreto regulador ya se está tramitando- servirá de puente entre los diferentes departamentos implicados en el desarrollo de las políticas y medidas previstas en la Ley del litoral, a favor de simplificar y agilizar la tramitación de los procedimientos relacionados con su ejecución.
Se constituirá también el Foro del Litoral de Galicia, concebido como un órgano de participación entre los distintos sectores implicados en la costa, y se crearán redes o asociaciones que permitan transferir y canalizar conocimientos entre organismos científicos, sectores productivos, sociedad civil y administraciones públicas.
En cuanto a los instrumentos de planificación del litoral de nueva creación previstos en la ley gallega -un total de ocho-, hace falta indicar que la Xunta ya tiene avanzada a tramitación de la Estrategia de economía azul, que pretende servir de apoyo al crecimiento sostenible de los sectores productivos vinculados al mar y al aprovechamiento potencial de los mares y océanos como motores de la economía, y comenzará la elaboración de las directrices de ordenación del litoral, el instrumento marco de la planificación del litoral, ya que ofrecerá una visión global de la ordenación que servirá de referencia y marcará las pautas básicas para el desarrollo de los demás instrumentos previstos.
De igual manera, pero la más largo plazo, también diseñará el Plan de ordenación marina, que se centrará en la planificación de los espacios marinos y que se complementará con el Plan de ordenación costera para los espacios terrestres y marítimo-terrestres. A mayores de los instrumentos nuevos ya mencionados, otra de las acciones previstas por la Xunta a corto plazo será acometer la revisión del Plan de ordenación del litoral (POL), con el fin de adaptarlo al nuevo marco normativo autonómico.
Concesiones en el DPMT
Por otra parte, la aplicación de la Ley del litoral permitirá otorgar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) de Galicia. Para tal fin, se regulará un procedimiento integrado para la concesión de estos títulos, se creará un registro de autorizaciones y concesiones y, sobre todo, se reclamará al Estado el traspaso efectivo a la Xunta de las funciones y de los medios materiales y personales necesarios para gestionar la franja litoral.
De hecho, este procedimiento, tal y como explicó la conselleira, se iniciará de forma inmediata ante el Ejecutivo central y será una de las primeras cuestiones sobre las que trabajará la nueva Dirección General de Asuntos Constitucionales y Desarrollo Legislativo.
Asimismo, y toda vez que la ley identifica los usos considerados estratégicos para la costa gallega porque la ponen en valor o contribuyen a generar riqueza, empleo y cohesión social en estas zonas, la planificación de la Xunta prevé el desarrollo de una serie de actuaciones también estratégicas para el litoral.
En concreto, se creará una red de senderos costeros y se impulsará otra de establecimientos turísticos en esta misma franja, al tiempo que se aprobará un catálogo de bienes de valor cultural del litoral y se promoverá la regularización de bienes transferidos incluidos en el DPMT con el objetivo común de ensalzar el patrimonio costero de Galicia.
Pionera en regular la costa en toda su extensión
Con la aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, Galicia se convirtió en la primera comunidad española en regular por ley a franja costera en toda su extensión, es decir, tanto mar dentro como tierra dentro.
Partiendo de la consideración de la costa desde una triple perspectiva (social, ambiental y económica), la norma establece una nueva zonificación de esta franja, con tres grandes áreas diferenciadas en función de su estado de conservación y necesidades particulares, al tiempo que concreta los usos permitidos y prohibidos en el litoral.
La normativa también delimita las actuaciones y los usos estratégicos que permitirán su asentamiento y la ocupación de la costa, y con ella se da un paso adelante decisivo para que Galicia pueda asumir, por fin, las competencias plenas y efectivas que le atribuye el Estatuto de autonomía sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), un proceso iniciado hace casi 40 años.
De hecho, la Xunta solicitará al Gobierno central el traspaso a Galicia de los medios materiales y personales necesarios para gestionar su costa, paso clave para completar este procedimiento.
En este sentido, la reciente sentencia del Constitucional sobre la Ley del litoral gallega supone un aval a la gestión por parte de la Comunidad de sus más de 2.500 kilómetros de costa, dando seguridad jurídica al complejo mar-industria en el que trabajan alrededor de 40.000 personas y que genera una actividad económica de 9.000 millones de euros anuales, cerca del 5% del PIB de Galicia. Por eso, y tras lo paro impuesto por el recurso del Gobierno central, la Xunta quiere trabajar desde ya en la aplicación y en el desarrollo de la norma, apurando los plazos al máximo.
