Las decisiones del Gobierno central adoptadas en el último año y medio, incluida la aplicación del nuevo impuesto estatal al vertido y a la incineración, tuvieron un impacto en las cuentas de Sogama que se tradujo el año pasado en pérdidas económicas superiores a los 18 millones de euros.
Así lo expuso el presidente de la empresa pública, Javier Domínguez, en el transcurso de la reunión que mantuvo esta tarde con el presidente de la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), Alberto García, y con otros miembros de la directiva de la entidad, con el objetivo de explicarles de forma pormenorizada los motivos por los que el Consejo de Administración de la empresa pública propuso actualizar el canon correspondiente a 2024 como solución y respuesta a las últimas medidas adoptadas por el Estado.
Acompañado del secretario general técnico y del Tesouro de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, David Cabañó, el presidente de Sogama subrayó que solo el impuesto al vertido y a la incineración se tradujo para la entidad pública empresarial en un desembolso de 9,1 millones de euros en 2023.
De hecho, recordó que Galicia fue una de las comunidades autónomas que durante la tramitación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular estatal alegó sin éxito en contra de la creación de este nuevo gravamen.
La esta cuantía hubo que añadir también el hecho de que en julio del año pasado el Gobierno central eliminó la retribución que venía percibiendo Sogama por la inversión realizada en su planta termoeléctrica "una instalación de última generación y con tecnología en la que prima la eficiencia y la sostenibilidad", y otras medidas que tuvieron un impacto notable en las cuentas de la empresa, como la recuperación del impuesto estatal del valor de la energía eléctrica o la merma de la retribución de la planta de cogeneración de Cerceda.
Todo esto se tradujo, según explicó Javier Domínguez, en un incremento de 39 euros por cada tonelada de residuos tratada por Sogama, un sobrecoste que en el último año y medio asumió con fondos propios y en solitario a empresa pública.
Ante esta situación insostenible por más tiempo, se propuso que el importe medio a pagar este año por los 295 ayuntamientos que envían sus residuos a Cerceda quede fijado en 66 euros por tonelada, descontada ya la aportación que hará la Xunta la estos municipios a través del Fondo de cooperación local adicional y que se traducirá en un descuento de 12 euros/tonelada.
Al respeto, David Cabañó detalló que el abono de estos fondos a los ayuntamientos se hará a través de un pago único, que se distribuirá conforme a la población de cada municipio y se hará efectivo este mismo mes de julio. En ese momento, Sogama retomará la facturación mensual por la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos que realizó en el primer semestre de 2024, propiciando de este modo que las administraciones locales dispongan de estos fondos en el momento en que tengan que abonar las facturas correspondientes.
DECISIÓN DEFINITIVA este mes
La decisión sobre la actualización, en todo caso, aún no es definitiva. Una vez presentada la propuesta, a finales del mes de junio, se abrió un plazo de 10 días hábiles para que la Fegamp había presentado sus alegatos, plazo que finaliza el próximo 11 de julio, tal y como le trasladaron esta tarde a los representantes municipales.
Tras analizar las posibles aportaciones recibidas, el Consejo de Administración de Sogama se volverá a reunir el próximo 17 de julio para hacer su propuesta a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático que, previo informe del departamento de Hacienda y Administración Pública, será la que apruebe el nuevo canon para este año.
En todo caso, gracias al esfuerzo económico del Ejecutivo gallego por habilitar el fondo de cooperación local adicional, Javier Domínguez incidió en que el canon de Sogama seguirá siendo lo más barato de Galicia y de España, incluso después de aplicada la actualización.
