El Vicepresidente primero, Alfonso Rueda, visitó hoy el ayuntamiento de A Estrada, donde indicó que tal y como recogen los presupuestos de la Xunta para el próximo año, el Gobierno gallego destinará 60.000 euros para iniciar los trabajos de construcción de un nuevo edificio judicial en este ayuntamiento.
Alfonso Rueda, acompañado del alcalde, José Campos y de la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, visitó el solar en el que se ubicará el nuevo edificio judicial en el que serán unificados los dos juzgados de A Estrada, el de 1ª Instancia y el de Instrucción, que entre ambos, atienden al partido judicial de A Estrada que abarca unas 24.000 personas.
Alfonso Rueda indicó que “es necesario acabar con la dispersión de los Juzgados que había en algunos ayuntamientos de Galicia, como era el caso de Tui que ya cuenta con un nuevo edificio judicial y ahora con el nuevo edificio que se hará en A Estrada, dando por finalizado así la dispersión judicial. Espero que en el último trimestre del año se presente el proyecto definitivo para que de comienzo la construcción en el año 2022 con todos los órganos unificados, un compromiso cumplido con A Estrada y con todos los ayuntamientos que tenían separadas las unidades judiciales”, finalizó.
La Xunta invirtió en los últimos años más de 115 millones de euros en el Plan de infraestructuras judiciales y seguirá invirtiendo en aquellas obras que sean necesarias, como el caso de A Estrada. Un Plan que hoy permite contar con sedes judiciales nuevas o renovadas en las principales ciudades gallegas acompañado también de la realización de obras menores para mejorar otros juzgados, allí donde fuera necesario.
La Administración de Justicia es la partida presupuestaria con más dotación económica para 2021 de la Vicepresidencia primera, más de 164 millones, un 4,4% más que este año. Una inversión que se destina también a recursos de la Amtega para la modernización, para la creación de nuevas plazas de personal para los nuevos juzgados que se pondrán en marcha cuando el Estado apruebe el decreto correspondiente, para el incremento correspondiente a la trayectoria profesional del personal de la Administración de Justicia y para la dotación de personal de refuerzo dentro del Plan para agilizar la actividad judicial tras la crisis del coronavirus.
