La Xunta continúa avanzando en la reforma de la Ley de Inclusión Social de Galicia en colaboración con las entidades y los profesionales del sector. El director general de Inclusión Social, Arturo Parrado, mantuvo una reunión por videoconferencia con representantes del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia para abordar esta mejora legal, que modernizará y agilizará los recursos a disposición de las familias más vulnerables.
Arturo Parrado señaló que esta reforma deberá redefinir la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) y las Ayudas de Inclusión Social (AIS) para adaptarlas a la realidad actual y acomodarlas al nuevo contexto surgido con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Asimismo, apuntó que se aprovechará esta reforma para simplificar y reducir al máximo la burocracia, con el fin de que la tramitación de estas ayudas sea lo más rápida y ágil posible.
En la jornada de trabajo mantenida con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia se analizó conjuntamente esta cuestión, así como otros aspectos encaminados a mejorar el Sistema Gallego de Servicios Sociales. El director general destacó que Galicia contará con una norma participativa y consensuada con todos los agentes implicados.
PRESUPUESTOS 21
Los presupuestos de la Consellería de Política Social para 2021 destinan 125,5 millones de euros para el área de inclusión, la cuantía más elevada de su historia, y un 4,5% más que en 2020. Las nuevas cuentas mantienen la partida económica de 64,4 millones de euros para la Risga. Este importe permitirá cubrir las nóminas anuales de todas las personas perceptoras de esta prestación, desarrollar nuevos programas de inclusión y diseñar nuevas ayudas orientadas a favorecer el acceso al mercado laboral de las personas que perciban el IMV. Esta última es una condición que a día de hoy no contempla la prestación estatal.
Además, el presupuesto del próximo ejercicio contempla un incremento del 35% de las Ayudas de Inclusión Social para hogares vulnerables que tienen necesidades inmediatas, que pasan de 3,3 a 4,5 millones de euros. La adaptación de las AIS existentes a la nueva realidad será también uno de los objetivos en los que se trabajará en la reforma de la Ley de Inclusión Social, así como la creación de ayudas que favorezcan el acceso a las nuevas tecnologías de las personas en situación o riesgo de exclusión.
