La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda está trabajando con el fin de poder asumir el importe del alquiler de los meses que restan del año de todas aquellas personas que en la actualidad reciben ayuda del programa Bono de alquiler social. Esta nueva decisión se sumaría al compromiso ya asumido por el Gobierno gallego durante los meses de abril y mayo, con el fin de evitar que ninguna familia gallega en situación de vulnerabilidad se pudiera ver en riesgo de perder su hogar.
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, adelantó que con esta decisión la Xunta asumiría la cobertura del 100% de las ayudas de más de medio año, lo que supone abonar la renta íntegra de nueve meses por la vivienda a todos los beneficiarios con los que cuenta este programa, que son 700 a día de hoy.
Ángeles Vázquez compareció esta mañana para informar de las medidas adoptadas por el departamento que dirige para hacer frente a la situación motivada por la pandemia del Covid-19, así como del trabajo realizado “día a día desde hace mes y medio para dar una respuesta desde el punto de vista medioambiental, de la vivienda y de la gestión del territorio”. Señaló que con rapidez y agilidad se pusieron arriba de la mesa medidas con la vista puesta en el más inmediato, al fin de atender a las necesidades más urgentes; pero también mirando ya al punto posterior a la crisis, con el objetivo de apoyar y poner un grano de arena para la reactivación paulatina de la economía gallega y del bienestar social.
Adelantó que el IGVS está ultimando el texto de Decreto por lo que se convocarán las ayudas extraordinarias al alquiler creadas en el Real Decreto Ley 11/2020, a pesar de que el Gobierno del Estado aún no transfirió los fondos con los que financiará estas ayudas. Indicó que –frente a la demora del Estado, que tampoco puso aún a disposición de los ciudadanos los préstamos avalados para el pago del alquiler- la Xunta pondrá en marcha actuaciones y medidas para activar la economía, como las ayudas para la compra de vivienda protegida, que llegarán hasta los 20.000 euros para unidades familiares con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM y que estarán dotadas de 5 millones de euros.
También se impulsará la construcción de viviendas en alquiler a través de la puesta a disposición, en condiciones favorables, de parcelas para nueva construcción o edificaciones para rehabilitar en conjuntos históricos. Otra de las novedades será la ampliación de líneas de ayudas ya convocadas, como la de infravivienda, que aumenta en 100.000 euros a convocatoria, la de viviendas de maestros, en 1,1 millones, y las de eficiencia energética y accesibilidad, en 1,1 millones.
La reactivación económica también vendrá de la mano del apoyo a los empresarios, a los que se les concederá una carencia de 12 meses del canon de las parcelas del IGVS y de Xestur ya adjudicadas en derecho de superficie a las empresas que atraviesen dificultades. Tal y como explicó Vázquez Mejuto, es una medida novedosa, con la que se da mayor flexibilidad en los pagados para que las empresas puedan empezar su recuperación económica. El importe será abonado por el adjudicatario en un plazo de hasta 8 años contados a partir de la finalización de la carencia.
Para las nuevas adjudicaciones de parcelas en derecho de superficie también se habilitarán condiciones ventajosas, como ofrecer tres años de carencia para iniciar el pago del canon, frente al año que se aplica actualmente, podrán adquirir la parcela manteniendo el descuento del 40% del canon en los primeros 12 años, frente a los 10 actuales, también se ampliará en dos años a posibilidad de adquirir una parcela con una bonificación del 15% o del 25 del precio de la parcela y se prolonga el plazo para pagar el importe de compra de las parcelas hasta los seis meses, frente el mes que se concede ahora.
La conselleira recordó que el Gobierno gallego activó todas las obras, contratos de servicios, suministros y subvenciones, que en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda se concretan en la reanudación de trámites en 58 expedientes de subvención, lo que implica movilizar un presupuesto de más de 100 millones, de los que 41,4 son para este año 2020; a continuación de la ejecución de 45 contratos de obras, por un importe de 37,6 millones; la reanudación de 90 contratos de servicios valorados en 746 millones; así como la declaración como esenciales todos los procedimientos urbanísticos, todos los de tramitación de los planeamientos urbanísticos, la inscripción en el registro del planeamiento urbanístico, las autorizaciones y declaraciones responsables u otros procedimientos, como tramitación de proyectos sectoriales, a los que se unirán todos los procedimientos ambientales.
MEDIDAS ADOPTADAS
La conselleira de Medio Ambiente señaló que el Estado de alarma provocó cambios a todos los niveles, una nueva situación que tuvieron una respuesta social con un valor intangible que se demostró en gesto como la puesta en marcha de un programa de voluntariado de los agentes medioambientales para la vigilancia de caminos rurales y espacios naturales, garantizando el cumplimiento del confinamiento; al tiempo que proporcionan apoyo a las personas mayores o con discapacidad en zonas rurales o con poca población.
Al mismo tiempo, dentro de su ámbito competencial, y con el fin ayudar a las mascotas abandonas se habilitó una partida económica para garantizar el suministro de emergencia para cubrir las necesidades alimenticias de casi 2.300 animales (perros y gatos), a través del reparto de casi 20.000 kilos de pienso, así como mantener el normal funcionamiento de los centros de recuperación de fauna, a pesar de las circunstancias de confinamiento.
Otra de las consecuencias medio ambientales de esta crisis sanitaria fue la irrupción abrupta de nuevos residuos, que antes eran anecdóticos, como los EPIs (guantes, mascarillas y equipos de protección individual, principalmente), por lo que Sogama se preparó en un breve tiempo para asumir la gestión de 5 toneladas diarias de residuos sanitarios de bajo riesgo. Es decir, se evitó estos residuos se había convertido en un problema más de esta crisis, dando una respuesta como la recogida de los mismos porta la puerta en residencias integradas de mayores dependientes de la Xunta, en Cangas, Vigo, Santiago de Compostela y Baños de Molgas.
La conselleira resumió las medidas puesta en marcha para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus en materia de vivienda, además de cubrir el 100% del alquiler de abril y mayo a las familias más desfavorecidas, también se decidió aplazar los recibos de alquiler de las viviendas de promoción pública y locales comerciales del IGVS y de Xestur, con la que se beneficia a más de 3.500 familias e inquilinos de locales comerciales; al tiempo que se suspendieron los plazos de presentación de solicitudes de las ayudas convocadas por el IGVS, evitando los efectos negativos que tendría el fin de los plazos en pleno estado de alarma.
Al mismo tiempo, también se aplazaron las rentas de abril y mayo del alquiler o derecho de superficie de las parcelas ubicadas en polígonos empresariales propiedad del IGVS y de Xestur; mientras que en las siguientes semanas se realizaron pagos por 8 millones de euros en concepto de ayudas, certificaciones y facturas.
Apoyar el retorno de la actividad también fue un objetivo de este departamento, por lo que -con las medidas sanitarias necesarias, se retomaron 13 obras de edificación, rehabilitación de viviendas y ejecución en parques empresariales, que suman un importe de cerca de 24,5 millones de euros y que dan trabajo a 200 personas en localidades como Betanzos, Lugo, Vigo, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Arteixo, A Pontenova y Santiago de Compostela.
PERIODO DE AMBIGÜEDAD
Ángeles Vázquez destacó el esfuerzo y buen comportamiento del conjunto de la población, sobre todo ante determinadas cuestiones anunciadas por el Estado que –lejos de ser una respuesta- provocaron controversia y ambigüedad.
A modo de ejemplo, citó la decisión adoptada en el seno de la CECOP, que acaba de autorizar acciones de caza de manera excepcional en zonas con mayor riesgo, para evitar posibles incidentes que la fauna salvaje pueda provocar. Primando la seguridad de las personas y del tráfico, además de reducir los daños en cultivos, en el inicio de la época de semilla como apoyo a este sector esencial que debe seguir funcionando. Añadió que la Xunta decidió comunicar esta decisión, después de que dos Ministerios hayan trasladado instrucciones contradictorias.
En la misma línea, otro de los sectores clave en Galicia en el que las decisiones del Gobierno central están generando dudas y intertidumbre es el de la pesca fluvial. Al respecto, Vázquez Mejuto recordó que coincidiendo con la declaración del estado de alarma, se acordó la suspensión temporal de esta práctica y la devolución de las tasas abonadas en concepto de permisos de pesca, y que el presidente de la Xunta avanzó que solicitaría al Ejecutivo central que se permitiera este tipo de práctica, por considerarse un deporte individual.
Con todo, la conselleira consideró “sorprendente” el anuncio hecho ayer por el Estado de que en la fase 0 del plan de desescalada (es decir, en la que nos encontramos actualmente) solo se permitirá la pesca en entrenamientos individuales de profesionales federados, un colectivo con una presencia testimonial en Galicia; mientras que el ejercicio de la caza y de la pesca, dos prácticas muy enraizadas en la comunidad y con miles de aficionados, quedará postergado hasta el 26 de mayo, en el mejor de los supuestos.
Otro de los hitos más importantes en el proceso de reactivación impulsado por la Xunta, fue a acordar la continuidad de las obras de rehabilitación en edificios ocupados, estableciendo medidas de prevención y protección de la salud, pues la falta de concreción del Gobierno dejaba en un limbo a unos 20.000 autónomos en Galicia. Así, ante las dudas que trasladaron desde los distintos sectores, se fijaron una serie de criterios y supuestos que sí se pueden acometer, como son las actuaciones que tienen como fin reparaciones urgentes o averías y finalizar obras ya iniciadas y que revisten importancia para el inmueble y sus habitantes.
Por último, lamentó las falsas expectativas lanzadas por el Gobierno sobre las ayudas al alquiler, un anuncio que no llevan parejo un presupuesto acorde, ajustado y suficiente para poder llegar a los colectivos que el Estado fija cómo potenciales beneficiarios; y que ahora reconoce que es insuficiente, con 100 millones de euros para las ayudas al alquiler. La Xunta denunció esta falta de presupuesto desde el minuto uno y así se lo trasladó de manera reiterada; obligando a las comunidades autónomas a reestructurar los fondos asignados y consignados del Plan de Vivienda, sin consultarlas ni informarlas previamente.
