La Xunta de Galicia advierte que el nuevo Plan estatal de vivienda 2022-2025, elaborado por el Gobierno central, da la espalda a la rehabilitación y a la conservación de los inmuebles.
El director del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García Porto, se reunió esta mañana con representantes de las oficinas de las áreas de rehabilitación integral (ARI) municipales, a los que les avanzó el contenido de las alegaciones presentadas por el Gobierno gallego al proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
El director del IGVS, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, explicó que las consideraciones trasladadas se basan en que la Xunta “no entiende un Plan de vivienda en el que solo uno de los 12 programas está dedicado a la rehabilitación”, y además si “se centra exclusivamente en la accesibilidad, dejando de lado la conservación”.
En ese sentido, el Gobierno gallego solicita colaboración a la reciente nominada ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre todo después de escuchar su discurso en su toma de posesión, una primera intervención donde reconoció que “la construcción es un sector clave de la economía y la rehabilitación encontrará un horizonte de actividad en el tiempo”.
García Porto trasladó que para la Xunta el programa de las áreas de rehabilitación integral es de suma importancia, no solo por el esfuerzo realizado por la Administración autonómica desde el año 1996 –cuando se declaró en Allariz la primera ARI-, sino también por el conjunto de ayuntamientos y propietarios que a lo largo de estos 25 años consiguieron recuperar muchas zonas antes degradadas.
Hoy más del 50% de los ayuntamientos de Galicia, gracias a las 76 ARI en 44 municipios y a las tres ARI supramunicipales (Caminos de Santiago, llas Atlánticas y Ribeira Sacra) tienen en su término municipal una de estas figuras. “Este trabajo no puede quedar ahora desatendido, o al margen en el nuevo plan estatal, que debe impulsar actuaciones de carácter integral”, defendió el director del IGVS.
Asimismo, recordó que este tipo de decisiones son más graves para los intereses de Galicia, pues es también referente con la puesta en marcha del programa y de las áreas Rexurbe —figura recogida en la Ley de rehabilitación gallega—. Explicó que son medidas de intervención pública para recuperar zona rurales y urbanas, con capacidad de generar un efecto imitación en zonas adyacentes; además de ser un importante foco de mantenimiento de empleo y de actividad económica.
Otras de las consideraciones de la Xunta es que en el nuevo Plan 2022-2025 muchos de los programas recogidos se solapan con medidas ya existentes. En ese sentido, se solicita establecer una compatibilidad entre programas previstos en el plan con los ya activos, de manera que se pueda financiar la línea ya operativa sin necesidad de replantearla o, en todo caso, que la aportación autonómica prevista para el nuevo programa se considere como cofinanciada con los recursos que la Xunta reserva para la medida ya en curso.
A modo de resumen, el director del IGVS indicó que “una vez más Galicia traslada que un Plan estatal de vivienda es un instrumento de financiación, y no debe entrar en la regulación concreta de los programas de ayudas”, además de reiterar que cada comunidad, en función de sus competencias y de sus circunstancias concretas, debe determinar las condiciones para recibir una subvención.
ALEGACIONES
En el transcurso de la reunión, el director general avanzó también que la Xunta presentó alegatos al proyecto de Real Decreto por lo que se regulan los fondos europeos del Plan de recuperación y resiliencia reservados la vivienda y actuaciones urbanas.
Los alegatos de Galicia ponen de relieve dos aspectos de suma importancia y que “determinarán la ejecución de los fondos”, como el hecho de que las ayudas son, con carácter general, “de escasa cuantía y dirigidas solo la actuaciones de eficiencia energética”.
A modo de ejemplo, explicó una parte importante del parque inmobiliario gallego está constituido por viviendas unifamiliares que podrían recibir una ayuda para un ahorro energético de entre un 30 y un 45%, es decir, unos 4.800 euros, que se sumarán a los 12.000 que aporta el beneficiario. Una cuantía insuficiente, toda vez que está sujeta a la tributación fiscal, defendió García Porto, quien añadió que “es imprescindible incrementar las ayudas”, tanto en la inversión máxima subvencionable, como en el porcentaje máximo y en la cuantía por vivienda, con el fin de que despierten el interés y la demanda por parte potenciales solicitantes.
Según manifestó el director del IGVS, debería recogerse expresamente la posibilidad de incluir obras de conservación y accesibilidad siempre que se obtenga el ahorro energético solicitado, no solo obras de eficiencia, ya que será un incentivo para comunidades o propietarios individuales que soliciten ayudas para realizar obras en sus edificaciones.
La Comunidad recuerda que las distintas actuaciones e incentivos que asumirán los gobiernos deben servir para avanzar y alinearse con los objetivos que establece la Unión Europea para el conjunto de países.
Por último, Heriberto García auguró que la nueva ministra —que ayer defendió el diálogo, la cooperación y la cogobernanza como la mejor fórmula para atender a la realidad diversa de España—, atenderá las sugerencias que se formulan desde Galicia para sacar el máximo partido al Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
