La conselleira del Mar, Rosa Quintana, mantuvo hoy un encuentro con los responsables en materia pesquera de Cantabria, País Vasco, Asturias y Andalucía para crear un frente común en la defensa del sector pesquero ante la amenaza que supone el veto a la pesca de fondo para su futuro. Las comunidades del Cantábrico y Andalucía analizaron las repercusiones que esta medida puede tener en la flota y constataron la necesidad de trabajar unidos como país en la defensa de los intereses de los buques que faenan en el caladero nacional y en aguas comunitarias.
De hecho, las cinco autonomías acordaron enviar una carta al Gobierno central solicitando una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para evaluar esta cuestión y trasladarle el apoyo del conjunto de los Gobiernos autonómicos a la presentación de un recurso contra el reglamento de ejecución que veta la pesca de fondo, para lo cual aportarían los argumentos técnicos y jurídicos que sean necesarios.
La titular de Mar defendió que, ante la negativa de Bruselas a rectificar y paralizar la entrada en vigor de esta prohibición -que salió publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 19 de septiembre y comenzará a aplicarse el 9 de octubre-, España debe presentar lo antes posible ese recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puesto que hay base jurídica suficiente para hacerlo y Bruselas actuó de mala fe en esta cuestión.
Rosa Quintana recordó que los pescadores son los primeros interesados en que el estado de los recursos pesqueros sea bueno, para garantizar el futuro de la actividad, y que la pesca permite poner la disposición de la sociedad alimentos de la máxima calidad con una baja huella de carbono y nula huella hídrica, por lo que es de los sectores más respetuosos con el medio ambiente. En esta línea, cuestionó que la Comisión Europea adopte una medida de tal calado sin un equilibrio entre los aspectos medioambientales -con informes que no sustentan ese daño del que se habla- y los socioeconómicos, que ni siquiera fueron evaluados.
La titular de Mar destacó la necesidad de realizar las gestiones necesarias, en paralelo a la presentación del recurso, con el objetivo de hacer presión en Bruselas y conseguir una moratoria de dos meses que permita al sector mantener la actividad por lo menos hasta la Navidad, cuando el pescado consigue mejores precios. Esa moratoria serviría también para que el Ejecutivo comunitario pudiera revisar la medida evaluando los nuevos datos, tanto científicos como de impacto socioeconómico, que haya disponibles.
IMPACTO INMEDIATO
En esta línea, Rosa Quintana destacó que, de no conseguirse esa moratoria, el impacto en la flota va a ser inmediato pues complicará la actividad de la flota generando una mayor competencia por el pescado y la sobreexplotación de los recursos. La representante de la Xunta apeló a la unidad de las comunidades autónomas y al trabajo conjunto con el Gobierno central en la defensa del sector ante una medida que puede tener un impacto en la economía gallega de hasta 816 millones de euros y afectar a más de 4.400 tripulantes.
A mayores de la conselleira del Mar, en la reunión participaron, entre otros, el conselleiro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco; el viceconselleiro de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del País Vasco, Bittor Oroz; el director general de Pesca Marítima del Principado de Asturias, Francisco José González; y la conselleira de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo.
Precisamente, la conselleira del Mar agradeció la rápida respuesta del resto de comunidades a la llamada de Galicia para mantener una reunión en la que analizar el veto a la pesca de fondo y especialmente al conselleiro cántabro, que se ofreció inmediatamente como anfitrión y su comunidad como punto de encuentro.
