Tras la denuncia realizada por la Asociación de consumidores EN-COLECTIVO en julio de 2019 ante la Comisión Europea, esta última ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea en las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9.
Desde Bruselas se ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno de nuestro país en la que se le insta a la correcta aplicación de las normas de la UE sobre contratación pública y contratos de concesión. Tal y como explican, España amplió la duración de la concesión de la autopista AP-9 sin haber convocado previamente un concurso público. Por tanto, la Comisión Europea considera que no ha cumplido sus obligaciones en virtud de las normas de contratación pública de la UE, especialmente en virtud de la Directiva 93/37 / CEE y Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios – Concesión de Obras Públicas-. Según la Comisión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
Tal y como ha explicado el presidente de EN-COLECTIVO y abogado, Diego Maraña, en una rueda de prensa en la que también participaron los abogados de la Asociación, Carlos Cenalmor, socio del bufete Gándara Moure; y Antonio Heredero, socio de Balms Abogados: “la apertura de este procedimiento es una noticia sin precedentes que podría suponer la finalización de la concesión y la supresión de los peajes en la AP-9. El hecho de que desde la Comisión Europea se inste al Gobierno español que cumpla con la normativa europea, significa que tendrá que dar una solución a la concesión. Tal como hemos defendido desde EN-COLECTIVO, la actual situación de la concesión no se ajusta a la legalidad. Esto es algo que nos llena de satisfacción y que nos hace albergar la esperanza de que en breve la AP-9 se convierta en una autopista gratuita, algo que debía haber ocurrido desde el año 2013 y que sin duda será un beneficio para todos los usuarios gallegos así como para el turismo de la Comunidad Autónoma”.
La Asociación apunta que, en caso de que la justicia europea dicte sentencia y obligue al Gobierno español a invalidar las prórrogas de las concesiones, desde EN-COLECTIVO se realizarán los trámites necesarios para iniciar una demanda colectiva contra AUDASA o contra la Administración competente, reclamando la devolución de los peajes pagados de forma indebida por todos los usuarios de esta autopista desde el año 2013.
Diego Maraña anima a todos los gallegos a que se sumen a EN-COLECTIVO cubriendo el formulario de inscripción que pueden encontrar en la web www.en-colectivo.com (la adhesión es totalmente gratuita). “Lo importante ahora es que los usuarios de la AP-9 unamos nuestras fuerzas para que se tengan en cuenta nuestros derechos y lograr que se nos compense por los gastos que hemos asumido al utilizar esta autopista desde que se prorrogó la concesión en 2013, cuantos más seamos más alto se escuchará nuestra voz. Desde entonces, hemos estado pagando unos peajes que no nos correspondían por lo que, desde EN-COLECTIVO, vamos a realizar todas las acciones que sean necesarias para recuperar esos gastos que influyen, además de a los usuarios particulares, de manera muy especial a todas las empresas de transporte y logística”, afirma.
Tal y como se encuentra regulado en el artículo 258 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tras recibir la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, España tendrá un plazo de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión. En caso contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado a España para que en un plazo razonable se ponga fin a dicho incumplimiento.
En última instancia si España se niega o por el contrario, no deja de incumplir la normativa comunitaria, la Comisión podrá demandar al Estado Español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, mediante Sentencia, obligue al Estado al cumplimiento de lo establecido en la normativa de contartación. El Estado deberá cumplir con la misma, o en su defecto, se le impondrá una multa de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
DENUNCIA DE EN-COLECTIVO
Carlos Cenalmor, socio del bufete Gándara Moure, explicó que en la denuncia presentada por EN-COLECTIVO el 9 de julio de 2019 se indicaba concretamente que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a AUDASA para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.
Desde la Asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de dichos Reales Decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.
En su denuncia, EN-COLECTIVO argumentaba que las dos prórrogas de las que ha sido objeto la concesión infringen la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. En concreto, señalaba que las prórrogas aprobadas en los años 1994 y 2000 equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones de concurso público. No hacerlo impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios.
Por otra parte, se informaba que estas prórrogas de AUDASA afectan directamente al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado.
