El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que la Xunta impulsará la tramitación de la Ley de administración ambiental simplificada de Galicia para actualizar el marco normativo autonómico vigente con el doble objetivo de "adaptarlo a los nuevos retos" en materia de clima y energía y, a la vez, "reforzar la seguridad jurídica" que exigen tanto los promotores de actividades económicas sujetas a la intervención ambiental, como las administraciones responsables de su aplicación.
Para tal fin, el titular del Gobierno gallego informó de que el Consello autorizó a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a iniciar el procedimiento de consulta pública previa, antes de proceder a la elaboración del anteproyecto legislativo, un primer paso que permitirá también conocer la postura de la ciudadanía sobre la necesidad de abordar esta norma y le facilitará un canal de participación en su redacción. Tal y como indicó la conselleira titular de este área, Ángeles Vázquez, la consulta estará disponible en la web de la Consellería "a partir de mañana y hasta el mes de septiembre".
La decisión, como explicó la responsable autonómica, responde tanto a la complejidad y dispersión de las normas sobre evaluación e intervención ambiental que caracterizan este momento como a la propia experiencia adquirida desde la aprobación en el año 1995 de la Ley de protección ambiental de Galicia. "La convivencia de diferentes normativas genera incertidumbres e incluso puede poner en peligro proyectos que ya contaban con autorización", aseguró.
Todo esto hace recomendable revisar el marco normativo de la protección ambiental a nivel autonómico y sustituirlo por una nueva ley que sistematice, actualice e integre los distintos instrumentos de prevención de las actividades económicas sujetas a control por su propia naturaleza y de acuerdo con los nuevos retos sociales y ambientales "sobre todo, con los derivados de los objetivos de la transición climática" y con el marco regulatorio comunitario y estatal vigentes.
De hecho, Ángeles Vázquez incidió en que la Xunta aspira a situar Galicia en una "posición de vanguardia" respecto al resto de comunidades y para eso quiere dotarla de uno de los ordenamientos ambientales más modernos e innovadores de toda España, siguiendo los ejemplos recientes de Euskadi o Asturias, que aprobaron en los últimos años normas propias de intervención en este ámbito.
Así, la futura ley gallega garantizará que se cumplan los estándares de protección ambiental de la UE, que fue la punta de lanza de los últimos avances del derecho ambiental, e irá en línea con los objetivos del Pacto verde europeo, que ponen en el centro de las políticas de desarrollo socioeconómico el objetivo de la neutralidad climática en el año 2050.
Para conseguir estos objetivos y de acuerdo con la tendencia a clarificar los procedimientos administrativos, la nueva ley simplificará algunos de ellos, sin perjuicio del rigor en el análisis de los proyectos y del mantenimiento de un alto nivel de protección ambiental que garantice siempre el más estricto cumplimiento del ordenamiento comunitario en esta materia.
Se apostará por la agilización de los procedimientos de autorización, licencia y evaluación ambiental, por la mejora de la coordinación entre las administraciones implicadas en la tramitación, fomentando la colaboración de todas las partes, y por una revisión de la definición de los instrumentos de prevención y control ambiental "como la autorización ambiental integrada" que actualice el régimen de algunos de ellos o mismo elimine los que se consideren innecesarios. Además, la norma aplicará el principio de que cada proyecto se someta a un único procedimiento ambiental de autorización o de comunicación previa.
MÁS CERTEZA Y MENO CONFLICTIVIDAD
Frente a la dispersión normativa y para acabar con las posibles causas que generan inseguridad e incluso ponen en riesgo ciertas actividades y proyectos una vez autorizados, la futura ley buscará introducir una mayor claridad y certeza en el ordenamiento jurídico ambiental de Galicia, reforzando, de este modo, la seguridad jurídica de los operadores sujetos a la intervención ambiental por la naturaleza de sus proyectos y, también, la de las administraciones públicas que tienen que aplicar el referido marco legal.
Además, tal y como explicó la conselleira, gracias a la integración en un solo texto normativo de los diferentes instrumentos administrativos exigidos por el ordenamiento vigente, la Ley de administración ambiental simplificada también permitirá "prevenir o minimizar la proliferación de conflictos judiciales interpretativos" sobre la aplicación de dichas normas y, por lo tanto, proporcionará la seguridad necesaria para el asentamiento de actividades que requieren de una evaluación.
"Seguiremos trabajando para hacer de Galicia una tierra atractiva para invertir en la que, como no puede ser de otro modo y como hasta ahora, solo tendrán cabida los proyectos que respeten escrupulosamente la legislación en materia medioambiental", manifestó Ángeles Vázquez.
