En la UE los lobby se mueven como pez en el agua. Representan conjuntos de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influyen las instituciones continentales. Es una realidad conocida y asumida por Bruselas y por cada uno de los 27 países que conforman la UE, una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y los pueblos del viejo continente.
Nadie se llame a engaño, como en Compostela o en Madrid, cada uno de los grupos de presión trata de pescar en río revuelto, entre burocracias infinitas, debates interminables, intereses nacionales, de los que es cierto que se beneficia a la ciudadanía, pero en un difícil equilibrio geográfico, ideológico, sectorial, convivencial, cultural y solidario, no exento de polémicas. Ucrania y el COVID, o los famosos Fondos FEDER o las ayudas Next Generation EU, como las intervenciones del Banco Central, han demostrado una eficacia muy elevada, aunque no perfecta, que de una u otra manera se extienden a todos los ámbitos económicos, como muy bien saben desde hace ya muchos años sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca.
El preludio de este artículo era necesario para contextualizar y analizar de manera compendiosa el actual conflicto generado por el establecimiento de 87 zonas de veda impuestas a la pesca de fondo, que solo en la zona del Gran Sol suponen la pérdida del 50% de los caladeros habituales de las flotas de palangre y volanta. Estas artes se verán obligadas a desplazar sus zonas de faena a caladeros de poca profundidad (“playas”), en donde habitualmente realizan su trabajo las de arrastre, y en donde nos es posible la convivencia de ambas modalidades. Es decir, que al problema principal, el de la veda, se unirá un conflicto entre artes de diferente naturaleza. Como bien saben los profesionales del mar, las modalidades de pesca fijas son absolutamente incompatibles con las remolcadas.
Según las asociaciones pesqueras, la decisión se ha tomado sin evaluar correctamente los datos disponibles sobre las zonas de faena, en base a fundamentos derivados de informes obsoletos, o tras despreciar las referencias exactas de actividad de las que disponen los Estados con barcos.
Los representantes del sector mantienen que la Comisión no ha evaluado con minucia el grave impacto económico que se derivaría de sus medidas, “siquiera -mantienen- se ha informado en tiempo y forma a armadores y patronos”. Estiman que las zonas de veda son mucho mayores de lo que requeriría la preservación de los corales de aguas frías y otros organismos marinos que, según todas las partes -administración, profesionales y ambientalistas-, hay que proteger. Esa es la justificación de las medidas ahora adoptadas sin consenso.
Lo singular es que nadie discrepa en el objetivo, si en las formas, los tiempos y las comprometidas repercusiones de futuro para un sector fundamental de la economía y de la alimentación, que afronta consecuencias muy adversas derivadas del Brexit, los efectos de la pandemia, el incremento del precio de los combustibles, la energía, las materias primas, y el descenso del consumo de pescado, secuela de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.
La batalla la van ganando las ONG conservacionistas, un lobby muy de moda en el mundo, decidido a preservar determinados tipo de hábitats, como el del mencionado coral de aguas frías, y que también propugna la mejora de la biomasa de ciertas especies en riesgo. Lo curioso es que sus intereses no difieren de los del sector pesquero, el primer interesado en mantener el ecosistema marino. Además, todo entronca con la política verde de la UE. Lo ilógico es actuar sin acuerdos plenos, como se está haciendo.
De momento, pierde el sector pesquero que, con unas normas desmedidas, deberá amarrar buena parte de la flota. Las pérdidas de riqueza y empleo, fundamentalmente en España, Portugal, Francia e Irlanda. resultarán inasumibles
Las administraciones públicas han de actuar ante esta crisis con urgencia y firmeza, en favor del equilibrio de las medidas a adoptar, de su ponderación y de posibles alternativas pactadas. Eso exigen las asociaciones profesionales como CEPESCA, EUROPECHE, FNCP y EBFA. Quizás, con demoras muy perjudiciales para todos, habrá que esperar al dictamen de las denuncias que se interpondrán ante el Tribunal de Justicia europeo. Haber creado a tiempo un lobby específico de la pesca habría evitado las incorrecciones y los dramas provocados por decisiones incorrectas de instituciones necesarias pero mareantes. A la faena. Esta vez no podemos permitirnos el lujo de naufragar en la que puede resultar una tormenta perfecta.
Alberto Barciela
Periodista