La Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) acordaron hoy avanzar en los trámites administrativos relacionados con la construcción, con el objetivo de facilitar que el sector se pueda reactivar en cuanto se levanten las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Este es el acuerdo al que llegaron ambas administraciones en el marco de una videoconferencia que mantuvieron esta mañana a conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alberto Varela, en la que participaron representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Federación Gallega de la Construcción.
La Fegamp atendió la petición trasladada por la Xunta de elaborar unas recomendaciones para los ayuntamientos que permita avanzar en la tramitación de los procedimientos municipales relacionados con las obras, como es el caso de las licencias o autorizaciones.
Ethel Vázquez aseguró que el Gobierno gallego dispone de los medios y de la voluntad para, a través del teletrabajo, avanzar en los trámites dependientes de la administración autonómica. Por lo que, apostó por que, también en las administraciones locales se continúe con la tramitación de los procedimientos relacionados con la construcción y las obras públicas.
Vázquez Mourelle, que estuvo acompañada por el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, y por la directora general de Administración Local, Marta Fernández-Tapias, subrayó que el objetivo es que una vez se suspendan las restricciones, el sector de la construcción se reactive lo antes posible, evitando que siga parado varias semanas esperando a que los papeles y los trámites necesarios se muevan en las administraciones.
Ethel Vázquez recordó el compromiso ya asumido por la Xunta de agilizar el pago de las certificaciones pendientes y de acompañar a las constructoras para reiniciar su actividad con plena seguridad en cuanto sea posible.
Hizo hincapié en que estas iniciativas contribuirán a paliar el daño económico que esta situación está suponiendo para los trabajadores de la construcción, la arquitectura y las obras públicas, alrededor de unos 80.000 profesionales, así como a fomentar su recuperación cuando empiece a ser posible.
El Gobierno gallego viene manteniendo contacto permanente desde que comenzó esta situación, por lo que conoce las preocupaciones del sector, tanto en lo inmediato, que afecta a su liquidez, como por las perspectivas de futuro, y las consecuencias de esta paralización administrativa.
