El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció más medidas de protección por parte del Gobierno gallego para los propietarios de inmuebles afectados por la ocupación ilegal. El mandatario autonómico participó hoy en la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Consello da Avogacía Galega para elaborar una guía informativa sobre los derechos y deberes de las personas propietarias o usufructuarias de viviendas ocupadas ilegalmente.
Rueda defendió esta medida ya que consideró que el derecho a disfrutar plenamente de una vivienda en propiedad es “fundamental” y debe ser protegido y salvaguardado por la Administración, la misma asistencia que aseguró que se presta cuando una persona es víctima de un desahucio “y nuestro deber es asistirla en un momento tan complicado”, equiparó, al tiempo que puso como ejemplo concreto de medidas para estos casos el Bono alugueiro social dirigido a colectivos más vulnerables, y del que destacó el incremento de su presupuesto.
El mandatario gallego avanzó que la guía estará disponible en el plazo de un mes. En ella se explicará de forma sencilla los trámites administrativos y jurídicos que deben seguir aquellas personas afectadas por la ocupación de un inmueble. Tal y como incidió el presidente autonómico, el objetivo es dar garantías a los propietarios ante las incertidumbres que genera la nueva Ley de vivienda del Gobierno central.
ASESORAMIENTO TELEFÓNICO GRATUITO
Además, la Xunta y el Consello da Avogacía Galega mantendrán el servicio de asesoramiento telefónico y gratuito en materia de vivienda para los afectados por un desahucio, una ejecución hipotecaria o la ocupación de un inmueble. El servicio –que funciona a través de número 900 121 221 de lunes a sábado por la mañana- garantiza dar respuesta a todas las consultas en un plazo de 48 horas.
“Se trata de trabajar para solucionar los problemas de la vivienda, también los derechos de aquellos con vivienda legítimamente en propiedad y que ilegítamente son privados de ella”, apuntó el presidente, quien insistió en que este es un derecho que debe ser “defendido y ejercido”.
En este sentido, criticó que la nueva norma estatal sobre esta materia “va exactamente por el sentido contrario” al dejar más desprotegidos a los propietarios frente al problema de la ocupación, sobre todo en un momento en que los datos apuntan a un incremento del número de viviendas ocupadas en Galicia que ascenderían a un millar desde 2015.
