España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así se establece en la Constitución de 1978. Como tal, los principios básicos son el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, y la legalidad de la administración. En ese marco hemos de desenvolvernos individual y colectivamente, como personas físicas o jurídicas, como autónomos o como empresas, sea cual fuere la forma de ser o de pensar, edad o condición. Y sabemos que a los poderes públicos corresponde asumir una posición activa prestacional con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia de la distinta situación económica y social de cada uno.
Además, y por fortuna, desde 1986 formamos parte de la Unión Europea, lo que presupone un entorno natural excepcional de oportunidad para el desarrollo político y económico en el que nuestro país asume con garantías los retos y las necesidades del siglo XXI.
El recuerdo precedente no es baladí. Conviene recurrir a él, pues dibuja un escenario donde todo tiende a confundirse: Estado con Gobierno; poder Ejecutivo con Legislativo y Judicial; democracia -sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes- con algo semejante a un insultante cesarismo de tono populista, verdad con fake news; información con propaganda; rival u opositor con enemigo; competitividad con subvención; regulación con intervencionismo; y el paisaje democrático se diluye entre la maleza mientras los informativos recuerdan al NODO.
España es un gran país para vivir e invertir, que cuenta con bases suficientes para acordar y para disentir -incluso de cuanto aquí digo-. Entre todos tenemos que determinar debilidades y fortalezas, valernos de una privilegiado europeísmo para avanzar, para progresar en un entorno de convivencia plural, culturalmente muy variado y rico. Entre las nieblas hemos de saber distinguir los claros y extraer de la Historia cruel lecciones útiles.
Hay que reclamar respeto a quien ejerce el poder, lealtad institucional a la oposición, cumplimiento de la legalidad, sensatez y generosidad, consenso en lo esencial, transparencia, formación, experiencia y esfuerzo, convivencia, profesionalidad, seguridad, superación de traumas arrastrados por siglos y, con ello, dedicarlos a lo que interesa: crear riqueza y empleo, pagar impuestos justos, acabar con la corrupción donde la haya, y, al menos, asegurar el bienestar general.
Lo antedicho hay que afrontarlo con unidad en lo esencial, piense cada uno como piense, viva en donde viva. Hay que hacerlo desde el ámbito lo público y el privado, entendiendo los planteamientos personales, los de Estado y la adscripción a un cuadro supranacional esencial, como se ha demostrado al afrontar momentos de profunda debilidad sanitaria, económica y financiera, o el propio Brexit. Estamos en un momento en el que se imponen amenazas híbridas, guerras y conflictos prolongados, una geopolítica tensionada, amenazas climáticas y medio ambientales, intereses mafiosos, y también una imperiosa necesidad de responder y reposicionarse ante las oportunidades y peligros digitales, entre los últimos los piratas informáticos, que ya presuponen la primera industria mundial y una amenaza singular para las democracias.
Por eso, ante ese contexto, y tras la polémica desatada por la decisión libre y legal del Consejo de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos -en la propia UE-, y cotizar en la Bolsa de EEUU, me parece más que oportuna la serena reivindicación promovida por el Instituto de Empresa Familiar en una comunicación titulada “La España en la que nos queremos quedar”. En esencia pretende que el Gobierno central, entienda la oportunidad, y “lejos de crear barreras competitivas desfavorables respecto de las que existen en otros países del entorno”, colabore a proyectar la mejor imagen de España en el mundo.
En mi opinión, el Instituto de la Empresa Familiar, representa la mejor muestra de la creatividad, iniciativa y afán de progreso. Han contribuido, como ellos mismos significan, “con entusiasmo, a la modernización y la prosperidad de la España democrática”. Los datos son abrumadores, clarificadores: más de 1.500 empresas que facturan en conjunto más de 355.000€ millones y emplean de manera directa a 2.140.000 personas. La facturación agregada de estas empresas equivale al 28% del PIB español. Su probada eficacia se corresponde con la oportunidad, el tono y el fondo de su escrito.
Es significativo que los industriales y comerciantes hayan tenido que demandar que el Gobierno que, ahora, preside Pedro Sánchez, “evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial”. Pero así ha tenido que ser porque se han rebasado algunas líneas rojas, y no hablo de ideología, que puede que también.
En su iniciativa, el Instituto reclama solo -con o sin acento- “un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de las empresas, para contribuir a la prosperidad y bienestar de la sociedad”. “Ese es el camino -en su consideración- para seguir construyendo el país próspero, libre y moderno en el que creemos y que los españoles nos merecemos”.
Resulta extraño que una propuesta tan mesurada y juiciosa no haya tenido todo el eco que debería en el debate social. Quizás es que para provocar la atención tendrían que hablar en chino, pero los empresarios que han hablado sin tapujos son españoles y lo han hecho con la valentía de los Tercios de Flandes y la claridad de Nebrija, utilizando no el cupo de género y sí el de la libertad y el del interés común, como una gran familia responsable que quiere legar un futuro mejor para sus hijos y nietos, para todas las generaciones de españoles y europeos por venir. El suyo no es populismo, es responsabilidad. Creo que todos queremos quedarnos en esa España a la que ellos aspiran, en una España en la que sea posible hacer mejores negocios y pagar mayores salarios, asegurar el sistema de pensiones en base a la creación de riqueza, y en el que cabemos todos cuantos nos queremos quedar, incluida Ferrovial.
Alberto Barciela
Periodista