El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió hoy que sean las comunidades las que gestionen el ingreso mínimo vital para garantizar que llegue con agilidad a las familias que peor lo están pasando. En esta línea, recordó que Galicia tiene una renta de inclusión social desde hace casi 30 años: “Tenemos experiencia de gestión, tenemos profesionales públicos y estamos gestionando las pensiones no contributivas que están financiadas con cargo al Estado”, aseveró.
El titular del Ejecutivo gallego expresó su desacuerdo con los “volantazos” que, a lo largo de las últimas semanas, se sucedieron en su diseño, afirmando que no es respetuoso que se juegue con las prestaciones de primera necesidad que están destinadas a todos los españoles, vivan en la comunidad autónoma que vivan.
“No es razonable que ahora rompamos un sistema que queremos construir igual para todos dando a tres comunidades la gestión de la renta, e impidiendo al resto de las comunidades que la gestionen y que además anulen las rentas que venían aplicando y gestionando, en el caso de Galicia en los últimos 29 años”, recalcó, pidiendo que no se entre en una discusión que ahonda en la desigualdad entre los ciudadanos.
Durante la duodécima videoconferencia con el Gobierno central y los otros presidentes autonómicos, Feijóo pidió también certezas en el ámbito educativo para el próximo curso. “Se nos dijo que habría una conferencia de presidentes exclusiva para retomar los temas de educación y lamentablemente esta no se produjo”, aseveró, considerando que no es razonable esta ausencia del Gobierno en el ámbito educativo, tanto en materia de escuelas infantiles, como en relación a la educación primaria y secundaria, a la formación profesional y a la universitaria.
ALCOA Y AFECTADAS LEY DE COSTAS
El presidente gallego manifestó también su preocupación por Alcoa y por las industrias afectadas por la Ley de Costas. “Si vamos a recibir fondos de la UE para relanzar la economía y para ayudar a sectores que están en una situación muy delicada, sería un gravísimo error que estos no se aplicaran a las industrias y que dejemos agonizar industrias que son claves para Galicia y para España”, dijo, urgiendo al Gobierno central que fije un precio de la energía competitivo.
“No tiene ningún sentido que una actividad considerada esencial durante la pandemia se deje cerrar”, abundó, incidiendo en que sería inaceptable que se pierdan empleos por la dejadez del Gobierno de España durante meses.
Asimismo, trasladó la inquietud que están viviendo cientos de empresas que en Galicia se dedican a los eventos festivos: “Orquestas, empresas de pirotecnia, negocios ambulantes... precisan saber qué va a ser de ellos en las próximas semanas y meses”, dijo, precisando además que los ayuntamientos necesitan contar con unas instrucciones claras sobre cuándo se pueden celebrar estos eventos y en qué condiciones de seguridad.
Más allá de que se concreten los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros comprometidos y después de que la Unión Europea hable ya de una bolsa de recursos para afrontar la pandemia de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 le corresponderían a España, Feijóo trasladó la necesidad de articular un nuevo fondo para las comunidades autónomas. No en vano, recordó que las administraciones autonómicas están sosteniendo el 50% del gasto público, el 100% del gasto sanitario y buena parte del gasto educativo y de servicios sociales.
El presidente de la Xunta pidió además al Gobierno que defina un plan de rebrote a nivel nacional que, bajo un criterio común, permita dar una respuesta coordinada y eficaz. Sobre este punto, confirmó que, por su parte, el comité clínico de expertos sanitarios de Galicia aprobó hace semanas un plan de actuación en caso de que se dé algún rebrote en la Comunidad.
Además de insistir en pedir la movilidad entre las provincias gallegas, que están en la misma fase, Feijóo se refirió también a la importancia de retomar el paso del puente en Ribadeo, “para poder conectar esa parte de Galicia con esa parte de Asturias”, así como la movilidad transfronteriza con el Norte de Portugal.
“Y planteamos que no se adelante la movilidad entre comunidades que se encuentran en distinta fase”, expuso, ante la preocupación de algún ayuntamientos que comienzan a notar la presencia de personas procedentes de otras autonomías.
