Los interesados en acogerse a las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico, el llamado PREE 5000, pueden presentar su solicitud a partir de mañana, lunes 3 de enero, hasta el 30 de septiembre.
La Xunta publicó en noviembre la resolución por la que se convoca el programa, que cuenta con una dotación total de 3,8 millones de euros.
Es la primera de las líneas financiadas con fondos europeos que convocará la Xunta por primera vez este año, con la finalidad de contribuir a conseguir los objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la normativa europea mediante la ejecución de actuaciones en edificios existentes que favorezcan la reducción de su consumo final y de las emisiones de CO2 mediante el ahorro de energía, la mejora de la eficiencia y el aprovechamiento de las fuentes renovables.
Las actuaciones subvencionables se realizarán en edificaciones localizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes o en ayuntamientos no urbanos de menos de 20.000 siempre que ninguno de sus núcleos de población supere los 5.000 vecinos. Los inmuebles deberán haberse construido antes de 2007 y podrán ser viviendas unifamiliares, edificios de tipología residencial colectiva o viviendas de un edificio consideradas individualmente.
Así, las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada así como a las comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios que sean titulares de inmuebles en los que se vayan a acometer las actuaciones subvencionables podrán beneficiarse de esta línea de incentivos, cuyo importe concedido podrá llegar a cubrir hasta el 100% del coste de las obras subvencionables, siempre que estas cumplan con todos los criterios establecidos para obtener una ayuda adicional.
Asimismo, los trabajos a ejecutar deberán encuadrarse en una o en varias de las siguientes tipologías: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica; mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria; y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
En este sentido, las actuaciones que subvencione el Instituto Galego da Vivenda e Solo al amparo del PREE 5000 deberán conseguir una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% respecto a la situación actual del edificio y, además, mejorar la cualificación energética total del inmueble en, por lo menos, una letra. Este último criterio no será de aplicación cuando el edificio acredite tener ya una cualificación A.
Las ayudas no tendrán una cuantía fija, partiendo de un mínimo equivalente al 20% de los costes elegibles y pudiendo llegar hasta el 100%. Así, el importe concreto variará teniendo en cuenta el tipo de actuación, el inmueble objeto de la rehabilitación o los objetivos de eficiencia energética conseguidos tras la reforma.
En todo caso, la subvención concedida será el resultado de sumar la ayuda base —que oscilará entre un 20% y un 50% de los costes eligibles— y la ayuda adicional que corresponda en cada caso en función del cumplimiento de una serie de criterios sociales —por ejemplo, que el edificio esté bajo algún régimen de protección pública—, de eficiencia energética —cuando el inmueble obtenga una cualificación A, B o incremente en dos letras su situación de partida— y si es o no una actuación que incluya obras correspondientes a dos o más tipologías.
Para continuar con la apuesta de la Xunta por la rehabilitación del patrimonio construido, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda convocará o llevará a cabo actuaciones directas por valor de 157 millones de euros.
En concreto, con los 117 millones correspondientes a los fondos europeos prevé movilizar en los próximos años 360 millones de euros e intervenir energéticamente sobre 11.500 viviendas, haciéndolas más sostenibles y consiguiendo un ahorro aproximado de 5,6 Tn anuales de CO2 por cada inmueble. Además, este esfuerzo presupuestario sin precedentes beneficiará a unas 16.000 familias y generará 17.000 puestos de trabajo.
