Once autonomías se oponen a que el lobo se incluya en el Listado de especies silvestre en régimen de protección especial

Un total de 11 autonomías, entre estas Galicia, se unieron esta tarde para exigir al Gobierno central que reconsidere su postura con respecto a la inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe) y paralice esta propuesta, por lo menos, hasta que se que se apruebe y consensúe la nueva Estrategia nacional de gestión y conservación de la especie.

Este debate centró gran parte de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, convocada esta tarde por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que, como último punto de la orden del día, incluía el estado de tramitación de la solicitud para incrementar el actual nivel de protección del lobo ibérico.

Un total de 11 autonomías, encabezadas por las cuatro más afectadas por la propuesta (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), tomaron la palabra al llegar a este punto de la reunión y todas coincidieron en lamentar la actitud del Gobierno central, que se niega a debatir en profundidad un tema de gran importancia para las regiones al norte del río Duero, que aglutinan el 95% de las poblaciones del lobo de todo el país y asumen desde hace años su gestión en solitario.

En nombre de la Xunta, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, recordó que el pasado 25 de febrero Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León habían solicitado de forma oficial a convocatoria de una Conferencia Sectorial extraordinaria y monográfica en la que poder abordar este asunto.

Sin embargo, su petición no fue atendida por el Ministerio, que, por su cuenta y sin consultar antes a las comunidades, decidió incluir hoy como último punto a tratar el estado de tramitación de la propuesta pero sin mencionar la petición expresa de su paralización.

Por este motivo, los representantes de las cuatro comunidades aprovecharon el turno de palabra para reiterar los principales argumentos en los que basan su rechazo a una medida que dificultaría más la gestión de la especie en sus territorios y supondría, además, una amenaza para el sector agroganadero, al reducir las posibles medidas de control.

El deseo manifestado hoy por las cuatro comunidades al norte del río Duero, con el apoyo expreso de otras seis autonomías (País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía, la ciudad autónoma de Ceuta y Navarra, la última en unirse), es que se paralice la inclusión de esta especie en el Lesrpe por lo menos hasta que se apruebe una nueva Estrategia nacional de gestión y conservación del lobo, un documento marco que, como recalcó la conselleira Ángeles Vázquez, debe ser “consensuado con las comunidades lobeiras” ya que son las que velarán por su aplicación.

“Tengo que decir que fue decepcionante. Estábamos con esa esperanza, tendiendo a mano las 11 comunidades para el diálogo, para comenzar la casa por los cimientos y no por el tejado, pero la respuesta no fue la más idónea”, declaró la conselleira tras la reunión, lamentando que la actitud del Estado no le deje más remedio a dichas autonomías que recurrir “a la vía jurídica” a través de la presentación de los recursos correspondientes.

Asimismo, la representante autonómica también recordó que en el mes de febrero, PP y PSdeG se unieron en el Parlamento de Galicia para rechazar el plan del Gobierno central para proteger el lobo, apoyando ambos grupos una iniciativa parlamentaria en este sentido y en la que solo se abstuvieron los diputados del BNG. Además, indicó que, según desveló esta misma tarde la ministra, la propuesta de inclusión del lobo en el Lesrpe recibió más de 4.500 alegatos durante la fase de consulta pública.

Por eso, consideró que se trata de un tema “de confrontación del territorio” por lo que son las comunidades las que conocen mejor su biodiversidad y son plenamente conscientes de que “el fortalecimiento de una especie hace que otras se sientan con menos fuerza”, poniendo como ejemplo el caso de los Ancares y de la convivencia en esta zona entre el lobo y el rebeco.

FONDOS EUROPEOS

En otra orden de asuntos, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de esta tarde el Ministerio dio a conocer y confirmó los criterios de reparto entre las comunidades de parte de los fondos europeos asignados a España en el período 2021-2023 y que el Gobierno central ejecutará a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

A este respecto, Ángeles Vázquez aprovechó para trasladarle a la ministra Teresa Ribera la necesidad de introducir “flexibilidad” a la hora de territorializar los fondos europeos reservados para la componente relativa a la gestión de los residuos.

Así, indicó que la Xunta recibiría 22,3 millones de euros en el período 2021-2023 para invertir en las cuatro líneas de actuación establecidas con el objetivo de conseguir la implementación de la normativa comunitaria en materia de residuos y economía circular.

Sin embargo, en el caso concreto de Galicia una de ellas ya estaría cubierta con la construcción este año de tres nuevas plantas de compostaje de biorresiduos. Por eso, defendió que se puedan destinar estos fondos para cumplir otro objetivo, concretamente a la implantación de nuevas recogidas separadas así como la mejora de las existentes.

En todo caso, la conselleira también subrayó que Galicia será una de las comunidades que recibirán más fondos europeos para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, por lo que agradeció que el Ministerio destine a la Comunidad para este concepto cerca de 1 millón de euros.

Del mismo modo, el Gobierno gallego también confirmó que podrá gestionar directamente otros 700.000 euros (la cuantía máxima posible) del llamado Plan PIMA Ecosistemas, con el que se busca fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático de los ecosistemas forestales y agrarios.