La Ley de la calidad alimentaria entra en vigor para reforzar la apuesta por la excelencia, la sostenibilidad y la promoción de las producciones primarias
La Ley de la calidad alimentaria de Galicia entró hoy en vigor para reforzar la apuesta de la Xunta a favor de la excelencia, la sostenibilidad y la promoción de las producciones primarias de nuestra comunidad. El texto legal establece el marco normativo que permite asegurar la calidad de nuestros productos alimentarios y que defiende la lealtad de las transacciones comerciales y de los derechos e intereses legítimos de los productores primarios, operadores económicos y profesionales del sector, así como de los consumidores.
Además, la ley fomenta, potencia y garantizadora a producción de alimentos de calidad diferenciada en Galicia y regula el funcionamiento de los consejos reguladores como entidades de gestión de figuras de protección de la calidad diferenciada. En este sentido, promueve también la profesionalización y la participación del sector y apuesta, asimismo, por el consumo y la compra pública de producciones de cercanías.
El texto convierte a Galicia en la primera comunidad autónoma que regula una certificación de sostenibilidad para la producción alimentaria, de forma que se establece un sistema basado en un conjunto de normas encaminadas a garantizar el respeto al medio ambiente, la calidad y la seguridad alimentaria, la protección de las personas trabajadoras y la ciudadanía, y una renta adecuada para los diferentes los eres de la cadena de valor, especialmente en el caso de los operadores primarios.
Teniendo en cuenta estas premisas, la norma recoge la regulación del fomento y del desarrollo de la producción amparada por los distintivos de calidad diferenciada -como las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas-, que reconocen unos altos estándares de calidad y les permiten a las personas consumidoras reconocer en el mercado estos productos con mayor valor añadido.
DEBERES DE LOS OPERADORES
El texto legal también persigue establecer los deberes de los operadores del sector en relación con su actividad como productores, elaboradores y comercializadores de productos alimentarios, así como regular la actuación de inspección y control de la Administración autonómica y establecer el régimen sancionador ante incumplimientos de la legislación. También, mejorar la eficacia del sistema de control oficial y perseguir las prácticas fraudulentas.
En lo referente a los consejos reguladores, se aboga por una adaptación al nuevo marco legal de estas entidades, ahondando en su profesionalización, especialmente en el caso de los de menor tamaño, en la búsqueda de su consolidación como ejes fundamentales de la calidad diferenciada gallega. Asimismo, se potencia la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria como eje fundamental de toda la calidad alimentaria de Galicia, asumiendo importantes funciones en este sentido.
Esta ley, junto con las de recuperación de la tierra (en vigor) y la futura de lucha integral contra los incendios forestales (en elaboración), cierra el ciclo del marco de ordenación y normativo para lo rural gallego que permite avanzar en las líneas estratégicas de la recuperación, la prevención y la calidad.