Galicia presenta la demanda para acompañar a la flota en su recurso contra el veto a la pesca de fondo decretado por Bruselas

La Xunta de Galicia presentó esta semana ante el Tribunal General de la Unión Europea la demanda de intervención de la comunidad autónoma como parte coadyuvante en el recurso presentado por la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) y sus socios contra el reglamento de ejecución aprobado por la Comisión Europea que veta la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias. Si el tribunal acepta la participación como parte coadyuvante, el Ejecutivo gallego podrá intervenir en el procedimiento y defender de manera directa los intereses tanto de la flota afectada como del conjunto de la autonomía.

La comunidad advierte de que las capturas de la flota cayeron un 22% en los primeros 100 días de restricciones, llegando en algunos casos al 50%, y que las pérdidas directas para las lonjas gallegas podrían ascender hasta los 228 millones de euros

De hecho, la demanda presentada por la Consellería del Mar fundamenta su potestad para ejercer esta acción recordando que la norma que prohíbe la pesca de fondo afecta a caladeros vitales para la flota gallega, por lo que la intervención en este proceso judicial “se incardina incuestionablemente en los deberes y competencias de la Xunta en representación del interés público”.

Además destaca el impacto socioeconómico que esta medida tiene en la comunidad, especialmente dependiente de la pesca en relación con el resto de regiones de la Unión Europea. En esta línea, el Ejecutivo gallego subraya que el pesquero es un sector estratégico tanto por su peso económico como por su dimensión social pues aporta el 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, cerca del 5,5% del Valor Añadido Bruto y es el cuarto sector con mayor volumen de exportaciones. 

La demanda gallega también incide en que el sector pesquero es vital para la economía de un tercio (109) de los ayuntamientos gallegos, convirtiéndose en la actividad principal de algunos de ellos como Ribeira (32% de su PIB) o Burela, con cerca del 20%. De hecho, estos municipios son puerto base de algunos de los 200 buques directamente afectados y distribuidos por todo el territorio costero gallego.

La Xunta recuerda además el impacto que el veto decretado por Bruselas está teniendo ya en el sector y que puede agravarse en el futuro. Solo en los 100 primeros días de vigencia de esta prohibición las capturas totales de la flota afectada descendieron un 22%, una caída que en muchos casos llegó al 50%, especialmente para algunos barcos que faenan en aguas de Gran Sol.

En esta línea, la comunidad estima que las pérdidas directas de la flota gallega podrían alcanzar los 216 millones de euros al año, unas cifras que en las lonjas de Galicia ascenderían hasta los 228 millones de euros dado que los puertos de la comunidad reciben también descargas de buques de otras regiones. A esto se añade que el veto pone en riesgo de manera directa el futuro de esas 200 embarcaciones y de cerca de 2.300 tripulantes mientras que de manera indirecta están amenazadas alrededor de 900 embarcaciones y otros 2.400 profesionales del mar.

FÓRMULA DE DEFENSA

La Xunta sigue así con la senda marcada desde el primer momento por los juristas especializados a los que solicitó asesoramiento y que incidían en que la mejor fórmula de una región para defender los intereses de su sector ante el reglamento de ejecución aprobado por la Comisión Europea era acompañarlo como parte coadyuvante.

Este es el primer paso en un procedimiento en el que la comunidad debe justificar adecuadamente que tiene intereses en esta cuestión y que la medida adoptada por Bruselas tiene impacto en el conjunto de la región. Si su petición es aceptada, podrá acompañar a la flota en su defensa aportando argumentos e interviniendo directamente en el procedimiento.  

Si el Tribunal General de la Unión Europea acepta la participación como parte coadyuvante, la Xunta podrá intervenir en el procedimiento y defender de manera directa los intereses tanto del sector afectado como del conjunto de la autonomía

El Ejecutivo gallego defiende la necesidad de paralizar un veto que considera totalmente arbitrario, sin estudios científicos que lo avalen, e injustificado, pues impacta especialmente en una de las artes más selectivas que existen, el palangre de fondo. Además, recuerda que no se realizaron informes previos de impacto socioeconómico poniendo así en riesgo la viabilidad de la flota y muchos puestos de trabajo.