La conselleira do Mar, Rosa Quintana, explicó este miércoles en el Parlamento que la Xunta está defendiendo desde el primer momento los intereses de la flota de cerco ante el recorte de las posibilidades de pesca del jurel en el Cantábrico y aguas de Gran Sol fijado para este año en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea celebrado el pasado mes de diciembre. En esta línea, señaló que Galicia solicita al Gobierno central una solución global y uniforme para todo el sector del cerco del Cantábrico afectado por esta limitación -a la flota gallega se añaden la asturiana, la cántabra y la vasca- con el fin de garantizar su viabilidad.
La titular de Mar recordó que la cuota fijada en Bruselas para esta especie en los caladeros al norte de Fisterra es de 15.000 toneladas, de las que apenas 3.200 corresponden a España y condicionadas a la pesca accesoria. El hecho de no poder realizar pesca dirigida entre Fisterra y el golfo de Vizcaya complica en gran medida la actividad de los cerca de 150 cerqueros con los que cuenta Galicia, añadió.
Además, señaló que inmediatamente después de que se aprobaran las posibilidades de pesca para 2023, la Xunta reunió al Consello Galego de Pesca y a su Comisión sectorial del cerco. En estos encuentros los representantes de la Administración gallega y de la flota constataron la necesidad de que España adopte medidas como una posible parada biológica para todas las flotas del Cantábrico -dado que el ajuste en las cuotas no solo afecta a Galicia sino también a Asturias, Cantabria y País Vasco- y la habilitación de las correspondientes ayudas con el objetivo de que su actividad pueda ser rentable.
De hecho, explicó la conselleira, así se le trasladó al Ejecutivo estatal -que tiene las competencias sobre el reparto en el caladero nacional- en la reunión de 21 de diciembre entre la Secretaría General de Pesca del Gobierno central y representantes del sector y de las comunidades autónomas. En ella Galicia trasladó su voluntad de colaboración en la busca de una solución satisfactoria para el conjunto de la flota.
Además Rosa Quintana señaló que desde ese día se mantuvieron dos reuniones más con el sector y otra con la Secretaría General de Pesca para avanzar en las condiciones de la parada. Con este fin, Galicia remitió una propuesta unánime sobre estas condiciones el 24 de enero sin que por el momento exista respuesta.
A estas gestiones de apoyo a la flota del cerco por parte del Gobierno gallego se suman las acciones previas al acuerdo de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas para este año, como el informe socioeconómico del impacto que tendría la propuesta de TAC cero para esta especie realizada por la Comisión Europea antes de las negociaciones en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE de diciembre. Este documento fue remitido por la Xunta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Representación Permanente de la Unión Europea (Reper) para que lo emplearan en la defensa de los intereses de la flota gallega y española.
