26 ayuntamientos se adhieren al convenio para que la Xunta tramite las sanciones relacionadas con la covid-19
Un total de 26 ayuntamientos dieron traslado ya de su adhesión al convenio para la tramitación por parte de la Xunta de las sanciones relacionadas con la covid-19 que son competencia municipal, después de que el convenio hubiera sido firmado recientemente entre el Gobierno gallego y la Fegamp.
La Xunta prestará a los ayuntamientos que se adhieran al convenio a asistencia técnica y material precisa para la tramitación de los procedimientos sancionadores cuando tal incumplimiento sea en el ámbito que alcance la competencia de los ayuntamientos con el objetivo de contribuir a agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de muchos municipios. Los ayuntamientos que se adhieran al presente convenio se comprometen a iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores debiendo remitir la Xunta de Galicia la información precisa para que esta pueda ejecutar el encargo de gestión.
El Gobierno gallego está tramitando los procedimientos sancionadores que son de su competencia por referirse a cuestiones puramente sanitarias, como las cuarentenas o aislamientos. Pero hay otros expedientes que se refieren en mayor medida a competencias municipales, de las que se vienen ocupando los ayuntamientos tradicionalmente. Son casos como el incumplimiento de horarios, los aforos máximos o los controles de aglomeraciones de personas.
En cualquier caso, lo importante es que se cumpla el régimen sancionador. Por eso, a pesar de que esta es una competencia local, la Xunta prestará la colaboración necesaria para ayudar a los ayuntamientos que carezcan de medios a tramitar los expedientes sancionadores.
Por lo que la Xunta se encargará de la elaboración, gestión y notificación de los distintos trámites de los procedimientos sancionadores derivados de la covid-19. El Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico.