Tras la apertura del procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea en las prórrogas de la concesión de la Autopista AP-9, la asociación de consumidores En-Colectivo sigue trabajando para que el Estado deje de aislar a Galicia y que los costes de los errores que se produjeron en las prórrogas de la concesión de la AP-9 no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos que ya llevan pagando unos peajes que no les corresponderían desde el año 2013 y que, si no se anula la segunda prórroga de la concesión, seguirán pagando desde el 2023 hasta el 2048.
En su argumentación para justificar la anulación de las concesiones, En- Colectivo denuncia la existencia de una compensación absolutamente desmesurada pactada entre AUDASA y el Estado para hacer frente a las obras de la ampliación de Rande.
Tal y como se recoge en el Informe de Promoción de la Competencia (IPRO2/2021) “Posición de la CGC desde la perspectiva de la competencia sobre las compensaciones percibidas por la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) como consecuencia de las obras de ampliación de capacidad de diversos tramos de la autopista” elaborado por la Comisión Gallega de la Competencia, en septiembre de 2021, según las cuentas presentadas por AUDASA en el ejercicio 2020, se calculaba que el importe total de la obra de ampliación sería de 228 millones de euros pero la cantidad total a recuperar en 20 años será de 1.465 millones, lo que significa más de un 600% de intereses.
Como explica Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, “estos datos dejan claro que el Estado está asumiendo un coste increíblemente superior al que hubiese supuesto solicitar la financiación de la obra a una entidad bancaria y pone de manifiesto una vez más que al final los que estamos afrontando el pago somos todos los gallegos”.
Además, desde la asociación se pone de manifiesto la existencia de una actuación obstruccionista por parte del Estado en clara protección de los intereses de AUDASA. En varios informes consta que la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias no ha facilitado a diferentes organismos, como la Comisión Galega da Competencia, la información que le han solicitado, infringiendo el principio de colaboración entre administraciones públicas.
Asimismo, en el informe remitido por la Comisión Galega da Competencia a la Comisión Europea se explica como tampoco el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha respondido a ningún requerimiento de información y ha negado la información sobre la existencia de algún informe económico en sede ministerial para determinar que el incremento del 1% anual acumulativo de las tarifas durante 20 años pueda suponer una compensación adecuada o bien excesiva.
“El hecho de que no se facilite información deja clara la falta de transparencia del Gobierno y de AUDASA y refuerza nuestra teoría de que el Estado no está interesado en que se investigue esta concesión porque si se hace se pondrá de manifiesto un claro trato de favor a la concesionaria y un ocultamiento de las propias deficiencias en la defensa del interés público”, explica Diego Maraña.
La prórroga de dos meses concedida por la Comisión Europea al Gobierno de España para dar una respuesta a la carta de emplazamiento publicada en su boletín oficial el día 23 de noviembre finalizará el próximo 23 de enero, por lo que desde En-Colectivo se una vez más al ejecutivo que actúe en consecuencia y que rectifique las ilegalidades cometidas lo antes posible.
Desde En-Colectivo se pide una vez más a los gallegos que se unan con su firma para solicitar al Gobierno que no nos obligue a seguir asumiendo los costes de utilizar una autopista cuya concesión lleva vencida desde el año 2013 y que debería ser gratuita, tal y como ocurre en otras Comunidades Autónomas como Cataluña o Andalucía. La recogida de firmas permanecerá abierta en la web www.en-colectivo.com hasta el próximo domingo.
