La conselleira de Política Social, Fabiola García, participó hoy en el Consejo Territorial de servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, presidido por el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias. Durante esta reunión, las comunidades autónomas analizaron la nueva propuesta de distribución de los fondos del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que modifica los criterios iniciales del Gobierno central teniendo en cuenta las alegaciones formuladas por la Xunta de Galicia.
Los fondos derivados de la casilla social del IRPF se destinan a financiar iniciativas de las entidades sociales. En la propuesta inicial del Gobierno central, trasladada el 6 de mayo, la asignación para la Comunidad Autónoma de Galicia se incrementaba respecto al año pasado un 0,9%. Tras la reclamación trasladada por la Xunta, el Ejecutivo central rectifica esta intención inicial y propone ahora elevar la asignación de Galicia por encima del 22%.
En el nuevo planteamiento de este reparto —que deberá ser confirmado y elevado al Consejo de Ministros en las próximas semanas en otro Consejo Territorial—, se le otorga más peso a la dispersión de la población en cada territorio. El Gobierno central reconoce también que Galicia está recibiendo menos fondos de los que le corresponderían si se aplicaran estrictamente criterios objetivos. Si el Consejo de Ministros aprobase este nuevo reparto, la Xunta de Galicia pasaría en 2020 a distribuir entre las entidades sociales 17,1 millones de euros, en lugar de los 13,9 millones asignados en el año 2019.
PLAN CONCERTADO
Durante su intervención, la conselleira reclamó también un incremento del Plan Concertado, con el que se financian los servicios sociales municipales, ante la carga de trabajo que tienen sus profesionales y que se verá incrementada en las próximas semanas si asumen también la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, Fabiola García también incidió en la petición de flexibilidad en la gestión de los 16.000 millones de euros asignados a las comunidades autónomas, para poder responder a las necesidades extraordinarias del tejido social provocadas por la pandemia.
