El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario. Su objetivo es permitir que exista disponibilidad de trabajadores suficiente para realizar las tareas estacionales del campo y garantizar el abastecimiento de productos frescos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que estas tareas manuales -aclareo, cosecha, recogida y manipulado de frutas y hortalizas- desde el comienzo de primavera hasta final de septiembre, normalmente las llevan a cabo trabajadores temporeros de países terceros, tanto de la Unión Europea como no comunitarios. Sin embargo, con las restricciones de movilidad debido a la pandemia del COVID-19, no existe actualmente esta posibilidad de contratación.
El ministro ha pronosticado que, si no se realizaran estas tareas agrícolas de temporada, disminuiría el abastecimiento de productos, y una reducción de la oferta conllevaría un incremento de precios "no deseable". Por otro lado, dado que dos tercios de la producción se destina a exportación y que el tráfico de mercancías sigue fluyendo "es necesario seguir abasteciendo a esos mercados, que además son una fuente de renta muy importante para el sector agrario y el conjunto de la sociedad española", ha dicho.
Las medidas que recoge la norma se dirigen a favorecer la contratación de trabajadores para la campaña agrícola. En primer lugar, ha señalado el ministro, se establece un criterio de proximidad para limitar desplazamientos, de forma que se contratará preferentemente a personas del mismo término municipal o colindantes. En segundo lugar, se permitirá la contratación de trabajadores que estén recibiendo prestaciones sociales por desempleo u otros motivos, a los que se les permitirá compatibilizar "de forma excepcional y extraordinaria" su percepción con la obtención del salario por estas tareas agrarias.
La única excepción, ha puntualizado el ministro, serán aquellos trabajadores beneficiarios de una prestación por desempleo vinculada a un ERTE o una disminución de actividad a causa de la actual emergencia sanitaria: "Entendemos que aquello que está vinculado al coronavirus no debe ser aplicable en este contexto".
Así, podrán ser contratadas todas aquellas personas que estén desempleadas, o que, si bien reciben un subsidio, renta agraria o prestación por desempleo, el derecho a su percepción no guarda relación con las medidas aprobadas por el COVID-19. Respecto a los trabajadores extranjeros, aquellos que sean residentes legalmente en España y tengan un permiso de trabajo que concluya antes del 30 de junio, obtendrán su renovación, mientras que se les facilitará este permiso a los jóvenes nacionales de terceros países de entre 18 y 21 años.
Luis Planas ha estimado que se necesitarán entre 75.000 y 80.000 trabajadores, que podrán encadenar distintos contratos a lo largo de la campaña. Cada contrato de trabajo se formalizará por escrito, el salario será el recogido en el convenio colectivo correspondiente o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y se percibirá mediante transferencia bancaria.
CADENA ALIMENTARIA
El ministro ha asegurado que la cadena alimentaria está funcionando de manera correcta, y ha agradecido su trabajo a agricultores, ganaderos y pescadores, asociaciones profesionales, cooperativas agroalimentarias, empresas de la industria y la distribución agroalimentaria y a todos sus profesionales.
Planas ha destacado la "normalidad" en el abastecimiento y también en las compras, ya que se ha producido una disminución progresiva en el número de visitas a tiendas y supermercados. Los datos de consumo de la tercera semana desde la declaración del estado de alarma han demostrado, además, el incremento de compra de productos frescos -carne, frutas y hortalizas- frente a la de productos no perecederos en las dos primeras semanas.
