La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha presidido la reunión de coordinación este martes por videoconferencia con los responsables de Economía y/o Hacienda de las Comunidades Autónomas para coordinar la respuesta económica a la situación de emergencia creada por el COVID-19.
Durante el encuentro, Montero trasladó a los consejeros autonómicos el detalle de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta la fecha para hacer frente a la crisis de salud. Un plan de choque que en su conjunto supone movilizar más de 100.000 millones de euros de recursos públicos, entre la línea de crédito avalada a través del ICO, así como las ayudas directas a las familias, autónomos y empresas, inyecciones de liquidez a las Comunidades Autónomas -como los 2.800 millones anticipados de la actualización de las entregas a cuenta- o los aplazamientos y facilidades de pago en impuestos o cotizaciones sociales.
A estas medidas hay que sumar la aportación del sector privado que permitirá una movilización total de 200.000 millones de euros para abordar las consecuencias económicas, sanitarias, laborales y sociales, provocadas por la emergencia del COVID-19.
Entre las medidas adoptadas hoy por el Gobierno hay varias que buscan dotar a las Comunidades Autónomas de más recursos para combatir el coronavirus y paliar los efectos económicos de esta emergencia. Entre ellas, la autorización del Ministerio de Hacienda para aplicar el Fondo de Contingencia para crear un Fondo Social Extraordinario de 300 millones que se transferirá a las Comunidades Autónomas para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, Montero ha explicado a los consejeros autonómicos la norma aprobada hoy que permite a los ayuntamientos destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. Con esta medida se permite a las entidades locales utilizar el superávit más allá de las inversiones financieramente sostenibles.
REFUERZO DE INFORMACIÓN
En la reunión, la ministra Montero ha comunicado el deber de las Comunidades Autónomas de suministrar al Ministerio de Hacienda la información económico-financiera que se requiera sobre los efectos derivados de las actuaciones acometidas en relación al COVID-19.
La información a remitir al Ministerio de Hacienda con periodicidad mensual por parte de las Comunidades Autónomas, estará sujeta a un formulario estandarizado, remitiéndose con anterioridad al 31 de marzo la información relativa al mes de febrero de 2020 y antes del día 15 de cada mes, la información referida al mes anterior.
Respecto a la información económico-financiera que habitual y periódicamente las comunidades suministran al Ministerio de Hacienda, a la vista de la importancia de disponer de información lo más actualizada posible, se seguirá suministrando con normalidad sin perjuicio de que el Ministerio pueda flexibilizar en la medida de lo posible determinadas cuestiones respecto a plazos o contenidos de la información a remitir.
Por otra parte, la ministra de Hacienda ha propuesto a los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas la posibilidad de adoptar medidas de flexibilización en procedimientos tributarios para los contribuyentes que se relacionan con las Administraciones Tributarias autonómicas.
Se trata de una medida que iría en línea con lo aprobado por el Consejo de Ministros hoy y que concede un mayor margen de respuesta al contribuyente y contempla, en cuanto a la suspensión de plazos en el ámbito tributario, un horizonte temporal a favor del contribuyente que puede superar el de la vigencia inicial del estado de alarma.
Por tanto, en la reunión se ha acordado estudiar la posibilidad de implantar esta medida en el ámbito tributario autonómico.
APLAZAMIENTO DEUDA TRIBUTARIA
En concreto, se trataría de que aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020.
Para optar a este aplazamiento extraordinario sería necesario que dichas empresas o autónomos se hubieran visto afectadas por la crisis del COVID-19 con periodos de inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. Dicha solicitud, debería efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y debería ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión.
En caso de que los préstamos financieros se hayan concedido en el marco de convenios con entidades de crédito, cualquier aplazamiento o modificación se realizaría de acuerdo con dichas entidades.
Tampoco sería aplicable a préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, instrumentos de cobertura, derivados, subvenciones, avales financieros y, en general, cualquier operación de carácter financiero que no se ajuste a préstamos financieros en términos de mercado.
En cualquier caso, esta propuesta sobre los aplazamientos debe ser todavía evaluada por el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas para decidir conjuntamente sobre su eventual aplicación.
